Los números del ministro no convencen ni a las comunidades del PP, que han forzado la creación de un grupo técnico para estudiar el coste
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha anunciado que se va a crear un grupo de trabajo de expertos entre Educación y CCAA para estudiar tanto los impactos de la reforma educativa, que previsiblemente entraría en vigor en 2014, como para revisar los criterios de gastos del servicio educativo. La ley solo cuenta con el respaldo de las autonomías gobernadas por el PP.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, durante la Conferencia Sectorial de Educación- (EFE/Juanjo Martín)
La quinta y última reunión sectorial celebrada sobre la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) ha concluido con el respaldo de las once comunidades del PP y
el rechazo de las del PSOE -Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias- y
del País Vasco, que ha pedido una moratoria para seguir estudiando el
coste económico de la reforma de Wert.
La Memoria Económica de la Lomce apunta a un coste de implantación de 408 millones de euros durante tres años por el Estado, y cuya implantación sería 23 millones en el primer año, 130 en el segundo y 255 en el tercero; "los efectos económicos en ningún caso se producirían antes de 2016", según el ministro de Educación.
A las CCAA les correspondería en principio los costes indirectos, que dependerán del incremento del alumnado de FP y, en consecuencia, la reducción del abandono escolar, que ahora se sitúa en el 26,5%.
La reunión de esta tarde ha coincidido con el final de la "semana de lucha" convocada por el Sindicato de Estudiantes, que ha incluido manifestaciones como las de esta tarde, entre ellas la de Madrid, y en la que alumnos, profesores y padres han marchado en defensa de la enseñanza pública y en contra de la Lomce.
La Memoria Económica de la Lomce apunta a un coste de implantación de 408 millones de euros durante tres años por el Estado, y cuya implantación sería 23 millones en el primer año, 130 en el segundo y 255 en el tercero; "los efectos económicos en ningún caso se producirían antes de 2016", según el ministro de Educación.
A las CCAA les correspondería en principio los costes indirectos, que dependerán del incremento del alumnado de FP y, en consecuencia, la reducción del abandono escolar, que ahora se sitúa en el 26,5%.
La reunión de esta tarde ha coincidido con el final de la "semana de lucha" convocada por el Sindicato de Estudiantes, que ha incluido manifestaciones como las de esta tarde, entre ellas la de Madrid, y en la que alumnos, profesores y padres han marchado en defensa de la enseñanza pública y en contra de la Lomce.
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